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Diputados aprobó la adhesión de Salta a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral

La Cámara Baja también aprobó un convenio entre el Poder Judicial de la Provincia, ANSES y AFIP para generar medidas contra deudores alimentarios y sanciones para quienes circulen provocando ruidos molestos con vehículos.

Diputados aprobó la adhesión de Salta a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral

Durante la sesión ordinaria de la jornada de ayer, la Cámara de Diputados aprobó tres proyectos de Ley, dos proyectos de Declaración, más un paquete de 19 proyectos de Declaración y Resolución, y una serie de pedidos de informes.

Entre los proyectos que más se destacan, podemos mencionar la aprobación de la adhesión de Salta a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral; un convenio entre el Poder Judicial de la Provincia, ANSES y AFIP para generar medidas contra deudores alimentarios; y la aprobación de sanciones para quienes circulen provocando ruidos molestos con vehículos.

Adhesión de Salta a la Ley Nacional de Educación Ambiental Integral

La Cámara Baja dio media sanción al proyecto de Ley que promueve establecer normas de implementación local de la Ley Nacional N° 27.621 - “Ley para la implementación de Educación Ambiental Integral en la República Argentina”, garantizando este derecho como una política pública en Salta.

Mediante esta normativa, se crea la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral de la Provincia de Salta (CEJAI), la que generará los mecanismos para viabilizar la concreción en todo el territorio provincial de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENAI) a través de la gestión, coordinación e implementación de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral (EJEAI).

La CEJAI será compartida y coordinada sobre la base de sus competencias y estará integrada por representantes del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, y del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Cada organismo contará con dos representantes titulares y dos suplentes, designados formalmente, atendiendo a la paridad de género.

En tanto, también se plantea la creación del Consejo Consultivo de la Estrategia Jurisdiccional de Educación Ambiental Integral de la Provincia de Salta que tendrá la función de asistir y asesorar a las autoridades de aplicación en la implementación de la EJEAI.

Dicho Consejo Consultivo estará conformado por organizaciones de segundo grado representativas de pueblos indígenas; organizaciones gremiales docentes de la educación pública, privada y técnica; representantes del sector estudiantil y juvenil; representantes del sector científico provincial; representantes de la UNSa y de la UCASAL; representantes de guardaparques del sector público y privado; representantes de las organizaciones de recicladores; representantes de organizaciones de la sociedad civil con probado interés en la educación ambiental; y representantes de la Legislatura Provincial (dos diputados y dos senadores).

Cabe destacar que los miembros de la CEJEAI y su Consejo Consultivo desempeñarán sus cargos ad honorem o como parte de sus competencias ministeriales, legislativas u organizacionales, por lo que no podrán percibir retribución ni contraprestación alguna por integrar dichos órganos.

Al respecto, la diputada Patricia Hucena explicó que la importancia de esta iniciativa radica en que la educación ambiental integral constituye el instrumento básico para generar en las personas valores, comportamientos y actitudes que sean acordes con un ambiente equilibrado, que reconociendo y respetando el medio que los rodea, propendan a la preservación de los recursos naturales y su utilización sostenible, mejorando su calidad de vida.

“Es importante que los estudiantes puedan adquirir conocimientos teóricos y prácticos para tener un conocimiento sostenible con el objetivo fomentar un mejor futuro en materia del cuidado del medio ambiente, dijo la legisladora.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

Convenio entre el Poder Judicial de la Provincia, ANSES y AFIP para generar medidas contra deudores alimentarios

A través de un proyecto de Declaración, la Cámara Baja solicitó la rúbrica de un convenio entre el Poder Judicial provincial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que de esta manera, los organismos nacionales, informen cuando una persona incluida en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos sea dada de alta como trabajador o monotributista, a efectos de que pueda hacerse efectivo el cobro de sus respectivas deudas alimentarias.

Al respecto, la diputada Socorro Villamayor, autora del proyecto, sostuvo que este proyecto será una herramienta clave para poder garantizar los derechos de los niños, y el cumplimiento de las obligaciones de los padres en lo que respecta a cuotas alimentarias; ya que en aquellos casos de actualización constante en la situación laboral de los padres deudores, los Juzgados intervinientes podrán renovar la información y garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas.

El proyecto fue aprobado por unanimidad.

Sanciones para quienes circulen provocando ruidos molestos con vehículos

La Cámara Baja dio media sanción al proyecto de Ley que propone modificar el artículo 72 de la Ley 7135 – Código Contravencional de la Provincia, para incorporar sanciones para quienes circulen con un vehículo que genere ruidos innecesarios, excesivos o nocivos por exceder los límites de intensidad máxima permitida. Se prevén hasta 15 días de arresto o multas equivalentes.

La iniciativa propone ampliar las conductas típicas que configuran contravención con el propósito de proteger no sólo la salud de las personas, sino también, el derecho a un ambiente sano, libre de toda contaminación. Es por ello que se incorporan sanciones relacionadas al tránsito con vehículos que generan ruidos innecesarios, excesivos o nocivos por exceder los límites de intensidad máxima permisible de seguridad.

Entre las modificaciones propuestas al Código de Contravenciones, se establece que “Será sancionado con arresto de hasta quince (15) días o multa de hasta quince (15) días y comiso: el que transitare con vehículo de tracción mecánica que genere ruidos innecesarios, excesivos o nocivos por exceder los límites de intensidad máxima permisible de seguridad. El que acelerare un vehículo provocando ruidos innecesarios, excesivos o nocivos por exceder los límites de intensidad máxima permisible de seguridad.”

También para el que transite por la vía pública con cualquier tipo de reproductor de sonido que exceda los límites de intensidad máxima permisible de seguridad.

Además, se agrega que idéntica sanción se aplicará a quien profiriere voces, gritos o emitiere sonidos o ruidos o inmisiones que perturben el reposo o la tranquilidad de las personas. Como también al propietario del can u otro animal, que provoquen similares molestias.

En este sentido, será el Poder Ejecutivo Provincial determinará a través del organismo técnico competente, los límites de intensidad máxima permisible de seguridad.

La diputada María del Socorro López, autora de la iniciativa, explicó que “la contaminación acústica o sonora es aquella alteración producto de cualquier sonido o vibración excesiva que produce una perturbación o molestia en un ambiente determinado, haciendo que se pierda la armonía, paz, salud auditiva y calidad de vida”.

Asimismo, señaló que “esta iniciativa propone ampliar las conductas típicas que configuran contravención con el propósito de proteger no sólo la salud de las personas – en especial de niños, ancianos y aquellas que padecen determinadas enfermedades – sino también, el derecho a un ambiente sano, libre de toda contaminación, es por ello que se incorporan conductas relacionadas al tránsito con vehículos que generan ruidos innecesarios, excesivos o nocivos por exceder los límites de intensidad máxima permisible de seguridad”.

Por último, la legisladora remarcó que este proyecto contribuirá en definitiva, a la preservación de la salud y el ambiente, como bienes sociales ineludibles para lograr una buena calidad de vida.

El proyecto fue aprobado por unanimidad y pasó al Senado en revisión.

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