El fiscal federal Ricardo Toranzos, dio a conocer las acusaciones penales contra los acusados, de los cuales tres mantienen su cargo legislativo tras haber sido electos en 2021: Paola Cantarella, Jesús Cuellar y Héctor Cari.
“Cantarella, Cuellar, Cari y Gabriela Cazón son juzgados por defraudación a la Administración Pública en concurso ideal, con el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de autores”, explicó el fiscal.
En tanto que el ex concejal Osvaldo Reynaga recae sobre la misma acusación pero en grado de tentativa. En lo que respecta a: Nicolás Maras, Julio Pedro Laxi y Santos Palma, fueron enjuiciados por el delito de incumplimiento de deberes, en calidad de autores.
La fiscalía busca probar que Cantarella, edil de Pichanal al momento del hecho, solicitó ser beneficiaria del IFE el 30 de marzo de 2.020, teniendo pleno conocimiento de que el decreto N° 310 del Poder Ejecutivo Nacional, impedía que funcionarios públicos se postulen para cobrar esa ayuda excepcional, establecida en la suma de 10 mil pesos.
Según algunos testimonios, ANSES habría acreditado dicho beneficio en la cuenta sueldo del banco macro que esta funcionaria poseía. La transacción se habría concretado el 13 de julio de 2020. La misma maniobra habría sido urdida por el edil de Guachipas, Héctor Cari.
Las situaciones de Cazón y Cuellar, ediles de Aguas Blancas y Urundel respectivamente, habrían sido beneficiados por el IFE en dos oportunidades.
El fiscal ratificó la acusación penal sobre estos 4 imputados, resaltando que “el subsidio había sido implementado para ayudar a las personas que no tenían relación de dependencia, las más vulnerables ante la medida de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, impuesta para prevenir la ola de contagios en la población”.
Distintas son las situaciones de los ediles de San Lorenzo, Animaná, Los Toldos y Rivadavia Banda norte. Reynaga, Laxi, Maras y Palma habrían aprovechado ser beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo para acceder ilegalmente al IFE
Al tratarse de funcionarios electos por el voto popular, el fiscal resaltó que asumieron a través de una jura el deber de velar por los bienes del estado, comprendiendo la ética que debe de tener un funcionario al incurrir en sus respectivos cargos.
Ninguno de los concejales se acercó a declarar, por lo que el juez recibió las declaraciones de testigos como funcionarios de ANSES a nivel nacional y local, y también al asesor legal del Banco Macro, entidad bancaria que se encarga de los haberes oficiales.
La mayoría de los testigos confirmaron la realización de los trámites para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia por parte de los funcionarios, a pesar de no cumplir con los requisitos para ser alcanzados por tal beneficio.
La coordinadora de Asuntos Penales de la ANSES, Sheila Borzani, detalló las gestiones y el cobro del beneficio de parte de los funcionarios, aportando los números IP que identifican a las computadoras desde las cuales se solicitó acceder al IFE.
Quienes percibieron este beneficio ilegalmente, recibieron una carta a documento para que devuelvan el dinero recibido en el plazo de los siguientes 10 días. Cabe señalar que desde ANSES se radicaron aproximadamente mil denuncias penales por el cobro irregular del IFE.
Se dispuso de un cuarto intermedio hasta el próximo martes, dado a la cantidad de testigos que aún quedan por declarar.
En el primer juicio por este delito, se condenó a Viviana Fernández y Javier Navarreta, ex gerenta y ex gerente de las agencias del PAMI en las localidades de Orán y Embarcación, a la pena de 3 años de prisión en suspenso e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
