Serán siete los asentamientos salteños que accederán a la regularización de los servicios públicos para sus tierras que algunos ocupan hace más de veinte años. Anteriormente, formaban parte del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
En la primera etapa ingresarán asentamientos ubicados en la Capital salteña: 13 de Abril, en el que se verán beneficiadas 100 familias, La Cerámica (310 familias), Tinkunaku (140 familias), Ampliación Solís Pizarro (300 familias).
Mientras que en el interior, se beneficiará a 35 familias de Villa Sara, en La Caldera; 140 familias del barrio 16 de Junio de Embarcación; 300 familias que residen en San Expedito, Orán.
"Determinamos 19 barrios populares que pueden tener próximamente la regularización, y de esos se comenzarán con 7. Se seleccionaron en base a situaciones óptimas en materia dominial, factibilidad de proyectos, proximidad de las redes existentes y relación de costo/cantidad de beneficiarios", indicó el presidente del Ente Regulador de Servicos Públicos (ENRESP), Carlos Saravia. El costo promedio para regularizar a cada usuario clandestino ronda entre los $70 y los $80 mil.
ENRESP diagramó su propuesta en conjunto con las empresas prestatarias de servicios públicos, con la Secretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Tierra y Bienes, la de Obras Públicas y la de Participación Ciudadana, mediante la Coordinación de enlace y relaciones políticas a cargo de Pablo Outes. Quien se encargará de la gestión y control de los proyectos es el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Dirección General de Integración Socio Urbana (DISU).
En el año 2016 se realizó en RENABAP en todo el país y nuestra provincia fue una de las que más asentamientos humanos registró a nivel país. El estudio evidenció claramente la urgente situación del interior provincial con 17.501 hogares, que representan un 77% de las 22.656 familias ubicadas en más de 160 barrios populares de la provincia. Tartagal es la localidad que alberga la mayor cantidad de asentamientos, con 50 del total de 160 registrados.
El propósito del registro fue contar con datos para luego presentar el proyecto de regularización que se convirtió en la Ley N° 27.453, que entre otras cosas suspendió los desalojos por dos años y reconoció el derecho del acceso a la tierras ocupadas. La ley también estableció que en cabeza del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, se creen los programas de integración socio-urbana para la regularización dominial y de acceso a los servicios públicos, en el que se enmarca el proyecto presentado.
